Entretenimiento – El show debe continuar…
Por: Melisa Castrillón (Enlace a la autora)
Tenía dieciséis años cuando tuve mi primer trabajo en logística de eventos (obviamente con permiso de trabajo). En esa época, los conciertos internacionales en Colombia eran milagros esporádicos; eventos artesanales donde los operarios de logística hacíamos malabares para sostener infraestructuras improvisadas ante públicos hambrientos de mundo. He pasado más de una década he estado desde muchas perspectivas en el sector de entretenimiento, viendo de cerca cómo se teje este negocio desde las entrañas, y puedo dar fe de que la transformación del país ha sido monumental. Hoy, Colombia es una parada obligatoria en el mapa global del entretenimiento en vivo. Sin embargo, detrás del brillo de las luces y la euforia colectiva, late una industria 360 que oscila peligrosamente entre el desarrollo de talla mundial y el desprecio sistemático por el consumidor local.
El salto cualitativo de la última década es innegable. Las principales capitales del país —Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y nodos emergentes como Pereira— se han consolidado como plazas capaces de recibir espectáculos titánicos. Lo que antes parecía una utopía reservada para São Paulo o Buenos Aires, hoy es nuestra cotidianidad: estadios como el El Campín o el Atanasio Girardot transformados en complejas maquinarias de hospitalidad, y arenas techadas de última tecnología operando al máximo de su capacidad.
Ya no somos el mercado periférico al que los artistas consideraban “un riesgo”; somos el epicentro donde las promotoras nacionales se codean en los rankings globales de recaudación. Un concierto hoy no es solo música: es una industria 360 que activa agencias de viaje, cadenas hoteleras, transporte, producción técnica y miles de empleos en logística como el que alguna vez me dio la bienvenida al mercado laboral.
Pero esta bonanza internacional esconde una profunda asimetría socioeconómica: la desconexión entre el costo de la boletería y el bolsillo de un ciudadano promedio. En una economía donde el salario mínimo apenas cubre las necesidades básicas, pagar una entrada para un show de gran formato se ha convertido en un lujo prohibitivo, una inversión que a menudo equivale a semanas o meses de trabajo para un joven profesional. Las negociaciones tras bambalinas —tasadas rigurosamente en dólares debido a las exigencias de los riders de los artistas y los requisitos internacionales— obligan a las promotoras a indexar los precios a tasas de cambio implacables. El entretenimiento en vivo se ha elitizado, transformándose en un filtro de consumo donde la pasión musical se enfrenta directamente a la cruda realidad del poder adquisitivo del país.
Es precisamente por este sacrificio financiero que la mediocridad y la informalidad de ciertas promotoras resultan intolerables. Resulta frustrante ver cómo, a pesar de la madurez del mercado, persisten operadores que manejan eventos millonarios con la misma improvisación de hace veinte años. Los aplazamientos de última hora, las cancelaciones sin explicaciones técnicas claras y los line-ups alterados a conveniencia son una bofetada al público. Lo más grave ocurre con el turismo cultural: visitantes que viajan desde otras ciudades o países, gastando ahorros en tiquetes aéreos y reservas hoteleras no reembolsables, solo para encontrarse con la cancelación de un festival a pocas horas de su apertura. Para estas promotoras negligentes, el comprador parece ser solo una cifra en un balance; una preocupante falta de ética corporativa que desangra la confianza del consumidor.
Frente a este panorama, el marco legal colombiano avanza, pero a paso lento frente a la velocidad del negocio. Si bien la Ley 1493 de 2011 (Ley de Espectáculos Públicos) logró formalizar y estimular el sector mediante incentivos tributarios y la creación del registro PULEP, los mecanismos de protección al consumidor en casos de incumplimiento siguen siendo un laberinto burocrático. El Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) y las recientes circulares de la Superintendencia de Industria y Comercio exigen la devolución del dinero ante cancelaciones, pero los tiempos de reembolso suelen ser eternos y las sanciones no siempre logran resarcir los daños colaterales de los usuarios, como los viáticos perdidos. La ley existe sobre el papel, pero la brecha entre denunciar y recuperar el dinero sigue siendo una barrera costosa para el ciudadano común.
Esta disparidad organizativa también se refleja en la madurez con la que el país asimila ciertos géneros musicales, siendo la música electrónica el ejemplo más sintomático. Durante décadas, este movimiento ha cargado con un estigma social implacable, reducido por sectores conservadores y titulares sensacionalistas a simples “fiestas de drogas”. Es una mirada reduccionista que ignora la inmensa infraestructura cultural que sostiene este género. Eventos de vanguardia internacional en Medellín o Bogotá demuestran que la electrónica es un catalizador de diseño visual, innovación sonora y convergencia multicultural. Traer a los mayores exponentes del techno o el house mundial requiere negociaciones técnicas de altísima precisión. Quienes hemos visto evolucionar estas pistas desde adentro sabemos que allí se gesta un sentido de comunidad, respeto y vanguardia artística que nada tiene que ver con el prejuicio mediático.
Colombia se encuentra en una encrucijada definitiva para su cultura del entretenimiento. Tenemos los escenarios, el público apasionado que responde masivamente y el interés de las agencias de contratación más importantes del planeta. Sin embargo, sostenerse en la cima de la industria global exige erradicar de raíz la cultura del “como sea” que aún empaña la labor de ciertos promotores. El respeto por el espectador, la transparencia en las reglas de juego y la profesionalización absoluta de cada eslabón de la cadena no pueden ser opcionales. El show debe continuar, sí, pero nunca a costa de la dignidad y el bolsillo de quienes pagan la boleta.
Este artículo pertenece a la edición N°16 de nuestra revista
